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El Reino Unido podría ir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si cambia lo acordado entre las partes.
a tensión entre Londres y Bruselas se puso al rojo vivo el jueves, con la negativa del gobierno británico de retirar sus planes para modificar el acuerdo de Brexit, en vigor desde enero, pese a la amenaza europea de acciones legales.
Tras una reunión de crisis en Londres, el vicepresidente de la Comisión Europea, Maros Sefcovic, dio al ejecutivo británico hasta finales de mes para cambiar su controvertido proyecto de ley de mercado interior, que modifica disposiciones del Tratado de Retirada.
"Si se aprobara el proyecto de ley, constituiría una violación extremadamente grave (…) del derecho internacional", afirmó. Advirtió que Londres "ha dañado seriamente la confianza entre la UE y el Reino Unido" y para restablecerla llamó al ejecutivo de Boris Johnson a dar marcha atrás.
También dejó claro que a la Comisión Europea no le temblará el pulso a la hora de tomar medidas legales. Según un borrador preparado por embajadores de la UE al que tuvo acceso la AFP, la UE podría llevar al Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea "una vez que se adopte el proyecto de ley" o "incluso antes".
Pero su interlocutor, el influyente ministro del Gabinete Michael Gove, no se dejó impresionar por el ultimátum y lanzó un desafío: "fui perfectamente claro sobre el hecho de que no vamos a retirar esta ley".
RIESGO DE RUPTURA BRUTAL
Este choque de trenes se produce en un momento crítico para las estancadas negociaciones del acuerdo de libre comercio que debería regir las relaciones entre Londres y Bruselas a partir del 1 de enero de 2021, tras el fin del periodo de transición. También se reunieron en Londres el jueves los negociadores británico, David Frost, y europeo, Michel Barnier, para una octava ronda de conversaciones tan infructífera como las precedentes.
"Persisten diferencias significativas", volvió a decir Barnier a la salida, pero la UE sigue comprometida a alcanzar un trato habida cuenta de las graves "consecuencias prácticas, económicas y sociales de una ruptura sin acuerdo", dijo, alejando, al menos de momento, la temida perspectiva de un fin de los contactos.
Pero el tiempo apremia: para ser ratificado antes de fin de año, un eventual acuerdo debería cerrarse en octubre. Y los europeos advirtieron que la negociación no puede progresar sin confianza entre las partes.
"Hemos abierto discusiones en todas las áreas", replicó el jefe negociador británico, David Frost, que aseguró que su gobierno seguía comprometido "para alcanzar un acuerdo hacia mediados de octubre". El Reino Unido, con una economía ya muy duramente sacudida por la pandemia de covid-19, vive bajo el espectro de una ruptura brutal con su principal socio comercial, que el jueves volvió a hundir la cotización de la libra.
LA PAZ EN IRLANDA
El gobierno británico presentó el miércoles su polémico proyecto de ley de mercado interno, que aprovecha una armonización posbrexit del comercio entre las cuatro naciones del Reino Unido para modificar la aplicación de tarifas y controles aduaneros en Irlanda del Norte previstos por el acuerdo de divorcio con la UE.
Este tratado internacional, vigente desde el 31 de enero, prevé un dispositivo por el cual esa provincia británica mantendrá las reglas del mercado común europeo para evitar reimponer una frontera con la vecina República de Irlanda.
Su objetivo es no poner en peligro la frágil paz que reina en la isla desde el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 que puso fin a tres décadas de sangriento conflicto entre republicanos católicos y unionistas republicanos. Las autoridades europeas, con Dublín a la cabeza, denuncian los planes de Johnson como una amenaza a esa estabilidad.
"El Tratado de Retirada entre el Reino Unido y la Unión Europea es un texto cuidadosamente negociado que asegura que los logros del Acuerdo del Viernes Santo se protegen", afirmó el jueves la expresidenta irlandesa y exresponsable de la ONU para los refugiados Mary Robinson.
"Ningún signatario debe tomar medidas que puedan poner en peligro la paz que tanto ha costado conseguir en la isla de Irlanda", agregó, recordando que el Reino Unido tiene una "responsabilidad particular" como miembro permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
El controvertido Johnson asegura sin embargo que su intención es precisamente proteger la paz al defender los intereses de los norirlandeses unionistas. Todos los diputados de Irlanda del Norte, incluidos su exsocios del Partido Unionista Demócrata (DUP), votaron en enero contra el acuerdo, que el primer ministro impuso gracias a su aplastante mayoría parlamentaria.
Fuente: Portafolio
